La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela una situación crítica para más de la mitad de los trabajadores mexicanos, con altos niveles de informalidad y subocupación.
En México, sobrevivir es una lucha diaria para muchos. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pone de manifiesto una dura realidad laboral que no debe pasarse por alto. Según los datos de octubre de 2023, la mayoría de las personas enfrenta una difícil situación.
Informalidad
La informalidad laboral es alarmantemente alta, afectando al 55.4% de los trabajadores mexicanos. Esto significa que aproximadamente 32.9 millones de personas se encuentran en empleo informal, excluidas de la seguridad social y los beneficios laborales básicos.
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Están en una constante lucha por la estabilidad económica y una vejez digna. Además, esta situación no solo afecta individualmente a los trabajadores, sino que también refleja una economía frágil, donde micronegocios y pequeñas empresas viven en un eterno estado de incertidumbre.
Subocupación
La subocupación es otro indicador preocupante. Alrededor de 4.7 millones de personas (el 7.9% de los trabajadores) están empleadas pero desean trabajar más horas. Esto evidencia la insuficiencia de las oportunidades laborales actuales, tanto en cantidad como en calidad.
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Un 30.5% de la población ocupada (aproximadamente 18.1 millones de personas) se encuentra en condiciones críticas de ocupación. Estos empleos son precarios, caracterizados por insuficientes horas de trabajo y/o ingresos bajos, sin garantizar lo básico para una vida digna.
Desigualdad de género
La desigualdad de género también es evidente en la participación laboral. Mientras el 77.1% de los hombres tienen empleo, solo el 45.8% de las mujeres lo tienen. Esta disparidad representa 35.5 millones de hombres frente a 23.9 millones de mujeres, lo que implica un enorme desperdicio de potencial humano y económico.
La informalidad, la subocupación, las condiciones precarias y la desigualdad de género son síntomas de un sistema que requiere acciones coordinadas del sector público y privado para lograr un entorno laboral más justo y equitativo.